Uno de los puntos críticos con los que se enfrenta un abogado
recién egresado es saber cómo cobrar. Por múltiples razones, porque puede ser
sujeto de sanciones, porque puede perder clientes, porque necesita empezar
inmediatamente, el abogado novel puede cometer en este punto graves errores. De
esta manera veamos cuáles son los criterios que nos pueden ayudar.
Lo primero que ha de decirse es que no existen tarifas fijas
sino límites, tanto mínimos como máximos.
El límite mínimo tiene que ver con la ética y el cuidado de
la dignidad de la profesión. Los colegios de abogados fijan unas tarifas mínimas
que se entienden obligatorias debido a que de lo contrario se generaría una
especie de competencia desleal entre colegas que conduciría al desprestigio de
la profesión. Así, Conalbos suele publicar una lista de honorarios para todos
los asuntos jurídicos, que en principio resultaría obligatoria para los
abogados como límite mínimo. No obstante, la vulneración de tales límites “… no es sancionable por parte de las
autoridades públicas, pues no es constitucionalmente admisible imponer ‘una
sanción con base en una obligación no inferible válidamente del conjunto del
ordenamiento jurídico’…”[1]
(T-1143/2003), sin embargo, dicho límite sí pudiese resultar lesivo de las
conductas debidas por un abogado y ser sancionable disciplinariamente, si como
afirma el artículo 36 del Estatuto Disciplinario del Abogado (Ley 1123 de 2007),
la conducta es constitutiva de falta a la lealtad y honradez con los colegas en
el siguiente caso:
“1. Realizar directamente o por interpuesta persona, gestiones
encaminadas a desplazar o sustituir a un colega en asunto profesional de que
este se haya encargado, u ofrecer o prestar sus servicios a menor precio para
impedir que se confiera el encargo a otro abogado.”
Por su parte, también existe un límite máximo, que raya con
lo que se conoce como abuso del derecho. El artículo 35 del Estatuto afirma que
es calificable como falta a la honradez del abogado: “(…) 1. Acordar, exigir u obtener del cliente o de tercero remuneración
o beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad,
la ignorancia o la inexperiencia de aquellos.”. Para establecer qué
significa obtener un beneficio desproporcionado, la jurisprudencia ha establecido
que el criterio es que se presente un aprovechamiento de la necesidad,
ignorancia o inexperiencia del cliente, lo cual se verifica con base en
criterios como el trabajo efectivamente desplegado por el abogado, el prestigio
del abogado, la complejidad del asunto, el monto o la cuantía de la pretensión,
la capacidad económica del cliente y la voluntad contractual de las partes.
Tobón, al respecto, afirma que se puede hacer un “test de proporcionalidad” que
constaría de dos partes: “primero, un
análisis del trabajo encargado y realizado, y segundo, una comparación de la
suma exigida u obtenida con las tarifas fijadas por los colegios de abogados
del lugar donde se presta el servicio para esa misma diligencia”[2].
Así, el abogado tendría libertad de moverse dentro de los
límites señalados, libertad que debe ejercerse, primero, en atención a los
criterios descritos, y segundo, dejándose claro el pacto, ojalá de manera
documental, con el cliente, especialmente a través del contrato de mandato, que
es el que regula la relación cliente abogado según el artículo 2144 del Código
Civil:
Artículo 28 del Estatuto
Disciplinario del Abogado “Deberes profesionales del abogado”: “(…) 8. Obrar con lealtad y honradez en
sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre otros
aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo,
justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las
normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que perciba
dineros, cualquiera sea su concepto. Asimismo, deberá acordar con claridad
los términos del mandato en lo concerniente al objeto, los costos, la
contraprestación y forma de pago.”
Establecido ello, ahora se debe decir que las modalidades de
pactos son varias, las cuales Conalbos describe así:
“1.-Suma Fija.- Corresponde al valor que recibe como honorarios el
abogado y su cuantía se establece por una suma no inferior al mínimo
establecido en la presente resolución.
2.-Porcentajes.- Se entiende por porcentaje la suma que recibe el
apoderado por el negocio encomendado, de conformidad con el resultado de su
gestión.
3.-Cuota Litis.- Es la participación económica deducible de los
resultados del proceso. Para fijarla se tendrá en cuenta que no podrá ser
inferior al 30% del resultado final de cada proceso.
4.-Honorario Mixto.- Se puede establecer como honorarios una suma fija y
un porcentaje o participación económica en los resultados favorables del
proceso.
5. Reajuste de honorarios.- Cuando los honorarios se hayan fijado
teniendo en cuenta la cuantía establecida en la demanda se reajustarán de
acuerdo con el resultado final del proceso.
6.- Tarifa Plena.- Cuando se presente demanda de reconvención si inicialmente
no se han fijado los honorarios respectivos para ésta, se aumentaran los
fijados inicialmente en un 50%, tanto para el apoderado del demandante como
para el apoderado del demandado.”
Tobón por su parte describe los siguientes pactos:
“Suma fija: el abogado cobra una suma fija por toda la asesoría legal,
suma que depende, entre otros, del tipo de negocio, del tiempo que tome, de la
cuantía de los bienes involucrados, de lo que se pague comúnmente por esa
diligencia y de la disponibilidad de las pruebas que tenga el cliente.
En Colombia, la Corporación Colegio Nacional de Abogados –Conalbos–sugiere
que cuando los honorarios se pacten por una suma fija, el cliente debe pagar el
50% al otorgar el poder respectivo, el 20% una vez se cierre el debate probatorio
y el 30% restante al terminar el proceso, a menos que las partes hayan acordado
por escrito otro sistema.
Porcentaje: en este evento el apoderado cobra por su asesoría y
representación un porcentaje del valor de los bienes involucrados en la
diligencia. Este tipo de acuerdos es común en procesos ejecutivos, en sucesiones
y en general en procesos en los que están involucrados activos tangibles e intangibles
de fácil valoración. Como no siempre es fácil saber con anticipación el monto
exacto de la pretensión, a veces, cuando llega el momento del pago, los
clientes consideran que se les ha hecho un cobro excesivo. Es el caso del cliente
que demandó a su abogado por una falta a la honradez profesional al cobrarle el
54% de lo efectivamente recaudado en un proceso ejecutivo. El Consejo Superior
de la Judicatura sancionó al abogado, pues encontró que se daban los dos
presupuestos: el cobro de honorarios desproporcionados, pues para la fecha de
los hechos el Colegio de Abogados de Bogotá había fijado para los procesos
ejecutivos el tope en el 50% de lo efectivamente recaudado, y un aprovechamiento
de la ignorancia del cliente.
Cuota litis: el profesional cobra como honorarios un porcentaje del
objeto del pleito, pero solo si este se gana. Además, el abogado asume todos
los gastos de la gestión. La Corte Suprema de Justicia ha explicado esta figura
así: “La modalidad de la contratación de la gestión profesional a cuota litis
admitida por ambas partes, indica de entrada para la Corte que los contratantes
colocan de por medio la eventualidad de un resultado económico concreto y
estimable que, de darse, será el parámetro único para establecer el valor de
los honorarios que se generan a favor de quien ha puesto al servicio del
mandante su gestión, su diligencia y sus conocimientos. Por eso, cuando el
accionado dijo que el juez estuvo equivocado al estimar el valor de los
honorarios valorándolos sobre la cuantía de las pretensiones de la demanda, por
tal aspecto no incurrió en vía de hecho alguna, puesto que la decisión
cuestionada no se muestra como caprichosa o irracional (…)”.
Este sistema, que a primera vista resulta muy atractivo para los clientes
de bajos recursos o poca liquidez, pues les facilita la consecución de un
abogado, ocasionalmente ha conducido a excesos, por lo que otros países
legalmente han limitado su uso. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los pactos
cuota litis o contingent fees se deben acordar desde el principio del proceso,
deben constar por escrito y deben estar en un rango entre el 25% y el 50% del
total que se recupere.
(…) Honorario mixto: se habla de honorario mixto cuando los honorarios se
cobran una parte como suma fija y otra como un porcentaje o participación
económica en los resultados favorables del proceso.
Cobro por horas: se cobra al cliente de manera proporcional al tiempo que
gasta el abogado atendiendo el caso. Normalmente, la tarifa por horas de cada
abogado varía dependiendo de su experiencia, buen nombre, especialidad y
costumbre en el ramo. El cobro por horas es una modalidad de cobro de
honorarios muy común en Norteamérica, en Europa y en algunas firmas grandes de
abogados en Colombia que representan clientes del extranjero.
Si bien el cliente sabe por anticipado cuánto cuesta cada hora del
abogado que escoge, lo que se ha criticado de este sistema es que castiga la
eficiencia, pues mientras mayor sea la rapidez del abogado para desempeñar su
trabajo, menos recompensa recibe. Además, muchos clientes consideran que no
todo el trabajo “jurídico” es creativo o requiere profundo conocimiento legal.
A veces la labor del abogado es repetitiva. En consecuencia, para ellos no
resulta “justo” pagar lo mismo por la hora de un abogado cuando llena un formulario
o una solicitud, que cuando proyecta, por ejemplo, una demanda.
Prima de éxito: Se denomina prima de éxito aquellos honorarios
adicionales que el cliente paga al abogado cuando obtiene un resultado
favorable. Mientras en la cuota litis el abogado sólo recibe honorarios si el
proceso se gana, en la prima de éxito el abogado siempre recibe honorarios,
incluso en el evento en que en el proceso se obtenga un resultado adverso. En
Colombia ni la legislación ni la jurisprudencia se han referido a la prima de
éxito. En España, el Código Deontológico de la Abogacía prohíbe los pactos de cuota
litis, pero permite pactar la prima de éxito, siempre y cuando la suma que se
cancele al abogado cuando el resultado del proceso es adverso sea suficiente
para cubrir, como mínimo, el costo de la prestación del servicio jurídico
concertado.
El modelo Summit: se trata de una modalidad de cobro de honorarios que en
los Estados Unidos ha causado revuelo. La impuso una firma de abogados comercialistas
y se explica mediante la figura de la “línea de ajuste de valor”, que consiste
en que los clientes pueden ajustar las cuentas de cobro hacia arriba o hacia
abajo, dependiendo de su grado de satisfacción con los servicios. La firma, además,
aplica otras estrategias administrativas originales: todos los abogados son
socios, no se cobra a los clientes gastos como correo, llamadas de larga distancia
ni faxes y la oficina no invierte prácticamente nada en mobiliario que no sea
estrictamente necesario. Summit Law Group ha sido calificada por algunos medios
de comunicación como la firma que “revolucionó la práctica del derecho” en los
Estados Unidos y tiene entre sus clientes a Motorola Inc., Budget Rent a Car,
Network Solutions, Inc. y Starbucks Coffee Company.”[3]
